Uno de los
deterioros más importantes que ha sufrido nuestra sociedad es que dejamos de
confiar unos en otros. Es imperativo asumir que hay mala fe en cualquier acto,
especialmente si viene del gobierno. La
lógica de que el vivo es mejor y el honrado es tarado, se ha impuesto
lamentablemente en nuestro día a día.
Voy a
tomarme la libertad de pensar precisamente con esa lógica para intentar
analizar la auditoría OEA como salida “democrática” que plantea el gobierno
inconstitucional e impostor que está en ejercicio.
Si existe
alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que la auditoría salga desfavorable
al gobierno, no sería planteada por ellos. Podemos estar seguros de que el plan
está cocinado.
El
oficialismo no arriesgaría su victoria fáctica del 21 F, después de todo lo que
les costó revertir su derrota democrática. A propósito
de esto, no fue el mismísimo Luis Almagro quien después de hacer la consulta a
la corte de Venecia, anunciar vehemente que la reelección no puede considerarse
un derecho, se volcó como panqueque y afirmó que "Sería
absolutamente discriminatorio" que Evo Morales no pudiera presentarse a
las elecciones de octubre en Bolivia”?
Ahora pretendemos encontrar imparcialidad y someter el
destino de nuestro país al dictamen de la organización de la que es el
secretario general ?
Hace unos meses circuló una versión de que Almagro, el grupo
de Lima y algunas potencias negociaron que Bolivia retire el apoyo al régimen
de Maduro, y a cambio viabilizar la reelección. Es un tema que da para
especular, y nada más. No es información de dominio público, así que no tenemos
más remedio que el dibujo libre y un gran signo de interrogación.
Resulta inverosímil que la comisión destacada por este “club
del poder” (como denomina un destacado periodista boliviano) requiera doce
días, entendiendo la premura de la situación. Pero la CIDH (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos), también parte del sistema interamericano,
toma años para decidir si abre proceso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, quién también necesita plazos considerables, sobre la procedencia de
la interpretación hecha por el TCP boliviano de que el derecho de reelección es
un derecho humano.
12 días versus 2 o 3 años…..y debemos entender que son
confiables?
Creo que si este es el camino que seguirá el país, la
auditoría terminará invariablemente en “algunas irregularidades” en el proceso
electoral, una secretaria y dos choferes procesados y presos, la oposición
dividida entre traidores y traicionados, y la agenda 2025 viento en popa, con
las consecuencias para los bolivianos.
Aprovecho para sugerir que las secretarias y choferes, léase:
notarios, jueces electorales, técnicos informáticos, funcionarios subalternos
de todo el sistema electoral, etc. deberían comenzar a tomar sus previsiones,
ofrecer declaraciones preliminares, sentar precedentes, aclarar situaciones, y
en general iluminar lo que hoy está oscuro. Los jefes compraron su lealtad,
ustedes no compraron nada.
No existe ninguna posibilidad de que la auditoría dictamine
que el proceso fue limpio, transparente y confiable. Tendrán que ver la forma
de mostrar unas manchitas que oculten el muladar.
Hector Castro G. * 01
Noviembre 2019
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