domingo, 8 de mayo de 2022

EL ESTADO FALLADO

 Mucho se escucha hablar del “Estado fallido” pero tengo la impresión de que nadie se detiene a pensar en lo que esto significa. Simplemente queda como una expresión periodística, con el afán de vender periódicos, subir el rating del canal de Tv, o de un discurso demagógico de algún político que hace su día a día, como impostor profesional.

La Constitución Política del Estado, buena o mala, es la que determina con claridad lo que significa el Estado, lo que hemos pactado como sociedad, lo que entendemos como nuestro hogar, nuestra patria, y esa fundamental necesidad humana de sentirse cobijado.

Lo primero que dice la Carta Magna es:

Artículo 1°.- Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. 

Sin intentar ser demasiado crítico o tendencioso, creo que estamos lejos de estos conceptos. Imagino que hay una severa confusión entre el significado de Estado y el de “Gobierno”. Quien ocupa cargo gubernamental pretende ser dueño del Estado, tiende a conducir la administración del Estado (eso es el Gobierno, nada más) hacia alguna ideología o concepción particular.

Ser un Estado de Derecho significa conocer, cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución (es un deber ciudadano, por si acaso, de acuerdo al Art. 108, Inciso 1 de la Constitución) Ocupar un cargo gubernamental, electo o nombrado, desde el Presidente hasta el último funcionario público, significa que es una obligación, es ineludible e irrenunciable, más allá de haber jurado con la señal de la cruz, con el puño en alto o cualquier otra ocurrencia.

Tener una ideología que precise hegemonizar el poder también va en contra de la declaración constitucional de Bolivia. Ser un país descentralizado y con autonomías significa que el nivel central del gobierno necesariamente debe renunciar a manejar el 85% de los recursos del Estado, tiene la obligación de delegar a las gobernaciones y municipios una buena parte de la platita de los bolivianos, y con ella también debe renunciar al poder de decisión y de administración. Suena descabellado, pero no es así. Lo descabellado es que el país siga siendo trajinado por el capricho del megalómano de turno, de cualquier color, aunque tengo claro que la percepción natural es la que impone el pasado inmediato, que provoca fuertes rechazos o apasionados amarres de huatos.

Estado de Derecho es cumplir la ley, no en un sentido romántico ni figurativo. Se trata de la única forma de asegurar la sobrevivencia del país. Si los jueces son prevaricadores deben ir a la cárcel y responder por sus delitos. Si los policías trafican drogas, trafican vehículos robados, extorsionan o delinquen de cualquier manera, deben ser procesados judicialmente y castigados como dice la ley. Deben ir a la cárcel.

Si los funcionarios públicos desfalcan, si son deshonestos en sus labores, si le roban al Estado o a los ciudadanos, tienen que ser tratados como delincuentes comunes. Tienen que ir a la cárcel.

Si los operadores de justicia, los fiscales, o cualquier otra autoridad abusa de su condición de poder, tiene que responder por sus faltas.

Cada vez que el poder socapa al compañero del partido, al ahijado del caudillo, al que puso billetes para la campaña o al que abusa de su representación de un sector de la ciudadanía, se deteriora el Estado de derecho, que no es infinito, y que tarde o temprano va a colapsar.

El rol de la prensa, el de denunciar y poner al descubierto cualquier incorrección es fundamental. Lo primero que se debe denunciar es cualquier intento del poder de acallar o coartar el derecho y la libertad de expresión, que en la práctica es en realidad un deber.

Los ciudadanos tenemos que entender que somos, finalmente, quienes debemos mantener el Estado de derecho hasta el límite de nuestras posibilidades. Es muy fácil creer que no tenemos ninguna fuerza frente al poder y las consignas políticas, y no es así. Ni el poder ni los políticos son nada sin nosotros.

El Estado somos todos. Cada ciudadano, cada boliviano, o como les gusta decir “el pueblo”. No hay forma de que el Estado falle si nosotros no lo permitimos. No hay Estado fallido, no hay narco-estado, si cada uno de nosotros cumple con su parte, exigiendo, protestando, denunciando y siendo activos como verdaderos ciudadanos. Nada es peor que naturalizar el delito, la corrupción o el enriquecimiento ilícito por circunstancia de poder político.

Somos BOLIVIANOS!!! No somos rebaño de nadie, y nadie quiere perder la patria en manos de delincuentes, corruptos, ladrones o narcotraficantes. ¿Quién defiende a Bolivia si no somos nosotros?   

Hector Castro * 08 Mayo 2022