jueves, 29 de abril de 2021

INUTILES

Escribo esto a propósito de la participación de los diputados de Comunidad Ciudadana en el programa del Bunker Cabildo Digital del pasado martes 27 de Abril.

El fraude electoral es la razón y la explicación de lo que pasó, pasa y pasará en Bolivia. Tiene una dimensión tal que se constituye en uno de los “factores de poder” más importantes en la realidad boliviana.

Si los diputados de CC, y otros muchos, no lo ven solo puede tratarse de que están ciegos, tienen la consigna bien definida para no hacerlo, o son parte del aparato montado para robarles el voto a los bolivianos.

No me gusta tener que hacer estas afirmaciones. Me interesaría mucho más el saber que los parlamentarios de oposición defienden la legalidad, la democracia y el estado de derecho. Para minar la institucionalidad y desconocer la constitución y las leyes, están los oficialistas, y son más que suficientes.

Me resulta muy difícil de digerir que la diputada Luisa Nayar de CC tenga la posición de "pasar la página", de "no polarizar", y simplemente permitir que el padrón electoral permanezca en la oscuridad, sin ningún tipo de verificación, sin auditoría, sin transparentar los extraños resultados que los números muestran en cada elección.

Encuentro terriblemente irresponsable y hasta malintencionado el desconocer el trabajo de Transparencia Bolivia, de cientos de ciudadanos, que sin beneficio personal, sin retribución alguna, con recursos limitados, pero con un compromiso ejemplar con el país, han elaborado un informe que muestra de manera indiscutible la existencia de fraude electoral. Cientos de pruebas, objetivas y materiales, innegables e insoslayables. Pero el diputado Roca  tiene la desfachatez de afirmar que "no es el informe OEA", que es un trabajito cualquiera, y que no tiene por qué darle valor. Ese “trabajito” es muchísimo más valioso que todo lo que hizo Comunidad Ciudadana en cualquiera de los procesos electorales en que participó, aunque no consigan entenderlo.

Debo decir que CC no tuvo absolutamente nada que ver con el informe OEA 2019. Buscaban ir a 2da vuelta, soslayando todas las irregularidades. Los que arriesgaron hasta la vida para acorralar a la OEA, que tenía el libreto concertado con el oficialismo para validar esas elecciones, fueron ciudadanos dignos y valientes, sin partido, sin compromiso con ninguna consigna.

Comunidad Ciudadana, cegada por la megalomanía de su jefe que afirmo ser la víctima del fraude, inició el proceso penal, sin embargo, vieron calladitos como su “idóneo” amigo y protegido Salvador Romero procrastinó 9 meses su OBLIGACIÓN de constituirse en Parte dentro ese proceso.  

Tampoco se hizo nada por "limpiar" el proceso electoral, el padrón electoral y el Órgano Electoral. Por eso hoy es fácil para el masismo asegurar que el fraude nunca fue comprobado. Por la complicidad del TSE, la ineptitud o complicidad también de CC, y por la fragilidad e inoperancia del gobierno transitorio.

De manera consecuente con su triste papel, cuando la justicia libera a todos los encausados y pretende archivar el caso, CC  mantiene un silencio tan indigno como cobarde. Le dijimos tibieza, pero no lo es. Raya en la delincuencia.

Ya vendieron la lucha de los bolivianos una vez, se escudan en "la mala gestión" del gobierno transitorio, sin haber aportado en NADA a la recuperación del estado de derecho. Dedicaron todos sus esfuerzos a una campaña electoral absurda, sin posibilidades reales de ganar nada, obnubilados por el voto útil,  poniendo en evidencia que sus prioridades son de grupo, son partidarias y no patriotas. Minaron la fortaleza, si se puede llamar así, del precario gobierno de Añez, para ganar veinte votos. Vendieron así de barata la recuperación de la democracia.

En vez de protestar como “mojigatas” por el actuar del gobierno transitorio, su labor debería ser la de formular políticas que prevengan la endémica corrupción. Está claro, clarísimo, que los corruptos y los indecentes no tienen color. Están donde pueden robar, están en todos los partidos y donde puedan acomodarse. Viven en la lógica de que “no es justo que solo los masistas roben, yo también tengo el derecho”. No es necesario esperar a que todos los partidos, a su turno, lleguen a instancias de poder para corroborar este extremo. Ya será tarde.

Salvador Romero renuncia, con un mensaje tan cínico como su gestión. Se va sin afrontar ninguna consecuencia de su actuar al frente del Órgano Electoral. Solo queda especular sobre la protección con la que cuenta, si se quedará en Bolivia, si su renuncia estaba programada y consensuada, si fue el propio Carlos Mesa quien sugirió su designación por la Presidenta Añez, o si fue parte de los acuerdos “secretos” del momento de la transición.

En fin, es ingrato constatar una vez más que la agenda de los políticos está muy alejada de lo que los bolivianos queremos y necesitamos. El ambiente podrido de mentiras, postverdad, demagogia e impostura, de unos y otros, va conformando otra vez esa acumulación de disconformidad, de hartazgo, de cansancio de la población. La salida, cuando se desate, podría ser extrema en cuanto a violencia y destrucción.

El papel fiscalizador de la primera fuerza de oposición deja mucho que desear. Crea una enorme sensación de desconfianza e indefensión en los bolivianos.

Pueden tener este tipo de posiciones condescendientes, inocuas, ingenuas  y hasta cómplices? Probablemente alegarán que no cometen ninguna ilegalidad, engrosando así el regimiento de políticos para los que la ética y la corrección solo son válidas para los giles.

Ustedes no son los primeros, y seguramente no serán los últimos. Al menos tengan la lucidez de ver cómo les fue a sus antecesores. A ver si les llega algo de iluminación.

 

Hector Castro G. * 29 Abril 2021

martes, 27 de abril de 2021

LA IMPOSTURA DE SUS MENTIRAS

Si algo caracteriza al gobierno, mejor dicho “gobierno”, de Arce Catacora, es la mentira. No hay día en que no suelten una mentira.

Desde las más grandes y cínicas, como desarrollaré a continuación, hasta los temas cotidianos del país. Lo cierto es que no hay gobierno, no hay presidente, no hay ninguna intención de hacer lo necesario para que el país salga adelante, y está clarísimo que al inexistente (inútil es un calificativo muy generoso) Luis Arce no le importa en lo más mínimo.

El pasado año 2020 se inició un proceso penal por los delitos de terrorismo y sedición, en contra del ex presidente fugado y un dirigente vinculado al narcotráfico, en base a una conversación telefónica, verificada y autenticada por más de una instancia técnica y legal. La defensa jurídica de los presuntos delincuentes no encontró forma de desvirtuar los cargos. La defensa material era imposible dentro de la legislación vigente. El único recurso que encontraron fue acudir a algunos parlamentarios, que por su legitimación activa podían recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional y pedir que los artículos 123 y 133 del Código Penal, referidos a los delitos de SEDICIÓN Y TERRORISMO respectivamente, sean declarados INCONSTITUCIONALES.

Como es de conocimiento público, no se da cumplimiento al mandamiento de detención para Morales Ayma y Yucra Yarwi, dentro el proceso penal signado con el caso N° LPZ 1914866, pese a existir el Edicto en: https://edictos.organojudicial.gob.bo/Home/Detalle/13322, salvo que haya sido desactivado, extremo que no es evidente en el bloque de información pública del proceso.

Los diputados Sonia Brito, Juana Quispe, Franklin Flores, y la Senadora Adriana Salvatierra, SOLICITAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 123 Y 133 DEL CODIGO PENAL BOLIVIANO de acuerdo al Expediente  33807-2020-68-AIA admitido por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Presuntamente, esta Comisión habría emitido un Auto Constitucional, que de manera precautoria dejaría sin efecto los artículos recurridos, por lo que el proceso contra los sindicados habría quedado desvirtuado y archivado. El ordenamiento jurídico dice que “se presume la constitucionalidad de la ley impugnada, mientras no se determine lo contrario”

Resulta extraño que esta actuación de extrema importancia del Tribunal Constitucional Plurinacional NO APARECE en el expediente público, pese a que habría sido notificada, como corresponde, la instancia recurrida de inconstitucionalidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional, que además cumplió con el apersonamiento y cargo de recepción por parte de su Presidente Nato,  David Choquehuanca Cespedes.

La Ex Presidente Jeanine Añez es imputada de los delitos de SEDICIÓN Y TERRORISMO, los que aparentemente han quedado en suspenso, mientras el Tribunal Constitucional determine su vigencia o sean retirados del ordenamiento jurídico nacional. Es decir que los artículos 123 y 133 del Código Penal están vigentes para encausar a Jeanine Añez, pero no están vigentes para continuar el proceso contra Evo Morales y Faustino Yucra.

Más allá de que existe el principio constitucional de isonomía, que “todos somos iguales ante la ley”, que es parte del concepto del debido proceso, vale la pena resaltar que el abogado patrocinante de los asambleístas mencionados antes, forma parte del bufete del Sr. Ministro de Justicia, Ivan Lima Magne, por lo que es fácil concluir que él está muy al tanto de que los delitos que imputa, y por los que mantiene presa a la ex Presidenta no forman parte del ordenamiento jurídico del estado.

No solo que encuentra sofismas para llevar adelante un proceso indebido e irregular, considerando que la Ex Presidente goza de caso de corte y por tanto Juicio de Responsabilidades, que NO consigna en ningún caso la  detención preventiva, sino que utiliza dos artículos que él mismo pidió, por delegación, sean considerados inconstitucionales.

También causa extrañeza la pasividad con que se toma la inobservancia de derechos y garantías constitucionales, como la prohibición de incomunicación de una persona privada de libertad (Art. 73 CPE), la resistencia a un fallo sobre una Acción de Libertad (Art. 126 CPE), las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. Esta vulneración flagrante de los derechos de un solo ciudadano boliviano es un atentado contra la ciudadanía en su conjunto. No le hacen daño a la Sra. Añez. Destruyen la institucionalidad y el estado de derecho.  

No soy abogado, no represento a nadie más que a mi conciencia, por lo que tengo la legitimidad que me otorga simplemente mi calidad de ciudadano y mi libertad de expresión. Por esta razón no puedo dejar de denunciar lo que me parece una falta de ética y de profesionalidad, máxime si proviene de un ciudadano con rango de Ministro de estado, con el antecedente de haber sido Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y con el añadido de que su discurso es de denuncia y demanda de reforma del sistema judicial. No le creo nada, señor Ministro. Usted es otro politiquero, al servicio de intereses inferiores, perversos y ladinos.

Bolivia necesita gobernantes íntegros. Personajes que utilicen sus conocimientos en bien de la colectividad. De ninguna manera toleraremos los bolivianos que, a título de “proceso de cambio” o algún otro “eufecinismo”, lleven los destinos del país por los caminos de la impostura, de la corrupción o de cualquier otra ocurrencia desfachatada.

No fue golpe, fue fraude. Usted lo sabe. Y también sabe que es esta conducta, tanto de mandatarios como de operadores de justicia, la que provoca el hartazgo ciudadano. Así se construye la rebelión civil, a la que les gusta denominar “golpe”, cuyo efecto primero, es el de expectorar a todos los dañinos, que con ellos, los bolivianos somos implacables discriminadores, a mucha honra.     

No somos “pititas”, no es una posición política, somos decentes !!!

 

Hector Castro G. * 27 Abril 2021