Desde Febrero 2016, y particularmente desde el proceso electoral de Octubre 2019, Bolivia vive en un mar terriblemente agitado, con una sociedad polarizada y politizada al extremo, sin la posibilidad de encuentro y de convivencia pacífica, sin la verdadera posibilidad de salir adelante. La pandemia, que complicó al mundo entero, significó un indeseado agravante a nuestra situación. La pregunta es: hasta cuándo? Que necesitamos superar para vivir en paz, trabajar con la sensación de avanzar, invertir con alguna ilusión de triunfo, poder pensar en el futuro, en los hijos y en la patria?
Las elecciones generales de Octubre 2020 transcurrieron
nuevamente plagadas de dudas, y pese a varios esfuerzos muy serios de denuncia,
la sociedad boliviana, a todo nivel, hastiada del conflicto decidió que es
mejor cerrar el tema. Bolivia requiere pasar la página, vivir en paz y
libertad. El 55% del partido ganador permiten que la democracia se consolide,
que la oposición tenga el espacio reconocido y legítimo en el equilibrio
político, y que el nuevo gobierno tenga la tranquilidad necesaria para salir de
la crisis múltiple que sufrimos cada uno de los bolivianos.
Fue golpe? Hubo fraude? Ambas preguntas tienen más de una
respuesta, y miles de enfoques distintos. No hay forma de imponer una sola
visión y pretender que toda Bolivia quede satisfecha.
Muchos de nosotros asumimos esta realidad hace tiempo, y
convenimos, sin escribir ni firmar nada, que las elecciones y la asunción del
nuevo gobierno son, de alguna manera, el cierre de un capítulo tan conflictivo
y polémico en la historia nacional.
Hace un par de semanas que el poder político decidió que la
agenda nacional debe ser de conflicto, de confrontación, de “jochear el
avispero” y provocar que los liderazgos cívicos y especialmente del oriente
reaccionen con violencia. Volver a la dinámica de 2019, y “veremos quién es quién”.
Volver a imponer el falso debate de “derechas” y “socialistas”.
La justicia, sometida al poder político, no muestra ninguna intención
de reformar en algo su bochornoso actuar, y se aleja cada día más del rol que
la sociedad y la Constitución le encargan y le imponen como deberes
fundamentales.
Las tareas urgentes de precautelar la salud y la vida también
han sido subordinadas al interés político de cara a elecciones regionales, e
inexplicablemente también después de ellas. El resultado es que Bolivia no está
siendo inmunizada al ritmo que se requiere, los servicios de salud no reciben
la atención necesaria, y no se cumple con las responsabilidades que tiene el
estado como prioridad determinada por la Constitución.
La reactivación económica, tan necesaria después de un año de
recesión por la pandemia, tampoco forma parte de la agenda, más allá del
discurso demagógico, consecuente con ese extraño interés por confrontar a los
bolivianos.
Es hora de que los bolivianos tomen en sus manos la demanda
de condiciones para su propia supervivencia. Está claro que los políticos, de
oficialismo y de oposición, tienen prioridades y objetivos muy distintos al bien
común. La ciudadanía cuenta con destacados profesionales, que pueden emitir
criterios, sugerencias y recomendaciones, siempre y cuando cuenten con el apoyo
vehemente de muchos, para no ser tildados de políticos de uno u otro frente.
Esto es válido para todos los sectores, médicos, empresarios, economistas,
abogados, y muchos más.
No propongo ningún tipo de acción violenta, por el contrario,
propongo que se activen los mecanismos previstos por las leyes para el control
social y fiscalización de todos los órganos del poder público. (Artículo 26.
Inc. 5 CPE)
Que se formalicen juicios de responsabilidades para los ex
mandatarios Jeanine Añez y Evo Morales. Que se investiguen todos los temas que
sean necesarios. Estos procesos no son sinónimo de sentencia o condena. Son el
conducto previsto por las leyes para determinar la verdad histórica y material,
y obviamente pueden terminar en sentencias condenatorias, en absoluciones o en
sobreseimientos. Que los procesos se realicen observando estrictamente los
derechos de los procesados y el adecuado procedimiento legal.
En este momento histórico que vive el país, y ante la intensa
polarización existente, llevar adelante procesos en ambas direcciones podría
crear las condiciones necesarias para que el Ministerio Público, la Asamblea
Legislativa Plurinacional, y el Tribunal Supremo de Justicia tengan un marco de
presiones y, paradójicamente, libertad para reconducir los equilibrios
necesarios para reiniciar la construcción democrática que necesita el país.
La diferencia sustantiva entre un estado de derecho y una
dictadura está en la vigencia de las garantías constitucionales. De un tiempo a
esta parte se viene minando esta irrenunciable condición, llegando a extremos
como el incumplir la tutela de una Acción de Libertad (habeas corpus). Este camino
no conduce a nada bueno, vulnera los derechos de unos y de otros. Lo que hoy
favorece mañana perjudica. No es sostenible.
A los bolivianos nos interesa construir el futuro, y estoy
seguro que tenemos muchas más coincidencias que diferencias.
El debate de los políticos ya no debe ser si hubo golpe o
fraude. Tendrían que pensar si quieren formar parte de la agenda de los
bolivianos, o no.
Hector
Castro G. * 26 Marzo 2021
