La Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, más allá
de cualquier cuestionamiento, válido o no, es la norma superior en el
ordenamiento jurídico nacional.
En su contenido se encuentran contradicciones, ideologización,
y varias disposiciones que no son realmente legítimas o que observen el carácter
democrático del estado boliviano. Entre ellas, algunas que parecen haber sido
hechas “a la medida” del gobierno del MAS, y especialmente de su caudillo.
La prerrogativa del Presidente para designar a un miembro de
cada Tribunal Electoral no es algo que represente el alto valor de la
independencia de poderes, precepto ineludible en democracia, sin embargo está
establecido.
La designación de Salvador Romero, fue producto, sin duda, de que es un profesional reconocido en el ámbito nacional y
regional por su trayectoria y experiencia en la administración de procesos
electorales. Es de esperarse que sea también conocedor en profundidad de la
Constitución y las Leyes que rigen el tema electoral en Bolivia.
No hay lugar a pensar que el Tribunal Supremo Electoral
desconoce que el Órgano Electoral es ahora un Poder del Estado, que goza de
independencia, autonomía y tiene el mismo rango que el ejecutivo, el
legislativo y el judicial. Tampoco sería previsible que en enero no supieran
que la Sala Plena, mediante resolución, es la única instancia que tiene la
potestad de convocar a elecciones, fijar la fecha, etc.
La llegada de la emergencia sanitaria ha complicado el
proceso electoral, es innegable, pero también está claro que de una u otra
forma, los intereses políticos del partido del fraude presionan, chantajean, y
llegan a acorralar al Órgano Electoral y por ende a todos los bolivianos.
Más allá de coyunturas, por terribles que sean, la obligación
que tiene el poder electoral es garantizar un proceso electoral transparente,
democrático, legal y legítimo. Esta es la base sobre la cual podremos
reconstruir el país. Quienes resulten
electos, Presidente y Vicepresidente, así como la Asamblea Legislativa
Plurinacional, serán los encargados de conducir a Bolivia por el camino de la
democracia y la institucionalidad. Si no cuentan con absoluta legitimidad,
producto de una verdadera conciencia ciudadana de que son resultado del
ejercicio de la democracia plena y la legalidad, nuestro país seguirá envuelto
en el conflicto cotidiano, las salidas por la fuerza, y la imposición del
capricho de los más agresivos.
Los cuestionamientos indudables sobre el padrón electoral, la
distribución de circunscripciones uninominales, la legalidad de algunos
candidatos, etc. NO pueden salvarse con tecnicismos ni salidas mediáticas.
Bolivia necesita soluciones de verdad, y están en manos del Tribunal Supremo
Electoral.
No me refiero a la depuración de muertos que votan, sino a la
cantidad de fantasmas inscritos, que no puede diluirse en un análisis por
décadas como pretende hacer don Salvador Romero.
No hablo del mito de la Ley 421, sino de la delimitación de
circunscripciones, que la Sala Plena puede resolver.
Tampoco hablo de la difusión de encuestas, que se constituye
en delito por una ley a todas luces inconstitucional y desproporcionada, sino
del fraude de octubre 2019, en proceso judicial que avanza al ritmo que le
imponen los operadores de justicia menos indicados, designados por el acusado,
y que el TSE pretende mirar al cielo y silbar el “yo no fui”.
A todo esto debemos sumar que la pandemia no ha llegado a una
meseta que permita proyectar condiciones mínimamente razonables para elecciones
nacionales. El resultado promete simplemente más problemas, y ninguna solución.
No puede ser que la intensidad de actos delincuenciales como
los bloqueos, actos irracionales como los “4 candados” que imponen los masistas
en su ley, o el berrinche de algunos candidatos por aprovechar el momento,
conveniente a sus intereses, sean los elementos que definan el futuro del país.
El único Poder del Estado que tiene verdadera legitimidad en
este momento es el Poder Electoral. El desafío que tiene en sus manos es el
mandato más importante de las últimas décadas en la realidad nacional. Estará a
la altura? Tendrá la templanza y la habilidad suficientes como para responder a
la historia como un ejemplo de ciudadanía e institucionalidad?
Mucho temo que pretenden continuar con su actitud de evitarse
problemas a corto plazo, esconderse del desafío, “cumplir” con su tarea de 8 a
12 y de 2 a 6, y en el camino “concertar y dialogar” para verse mejor ante los
ojos de quienes de todas maneras les cobrarán en el futuro esta
irresponsabilidad y mediocridad.
El PODER ELECTORAL tiene la prerrogativa y la OBLIGACION de
prolongar el proceso electoral todo lo que sea necesario para hacer las cosas
correctas y garantizar los resultados. No hacerlo, simplemente por jugar en las
arenas de los partidos, es desconocer su rol y abandonar su misión de juez
idóneo para bien del país.
El miedo es humano, pero no es pretexto para abandonar la
institucionalidad.
Hector Castro G. * 21 Agosto 2020
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