A principios de 2005, poco más de un año después de la “guerra del gas”, el Presidente Carlos Mesa emitió el Decreto Supremo 27977, que reglamenta la forma en que las Fuerzas Armadas harán uso de la fuerza en tareas de defensa del orden y frente a conflictos y convulsión social. El Decreto incluye un texto llamado "Manual del Uso de la Fuerzas en Conflictos Internos", y especifica un sinnúmero de detalles en cuanto a la forma y el procedimiento a seguir, pero también establece una diferencia central con la normativa previa, y es que las instrucciones del Presidente y Capitán General de las Fuerzas Armadas para el uso de la fuerza militar deberán ser hechas por escrito.
Durante
los conflictos de Octubre y Noviembre pasados, el ex presidente, hoy prófugo,
no consiguió que las FF.AA. salieran a reprimir a la ciudadanía movilizada,
pese a que el Comandante General Kaliman era incondicional a ese régimen. El
rumor es que los ministros no aceptaron firmar ningún decreto, por la enorme
responsabilidad que tendrían que asumir, y los militares no estaban dispuestos
a efectuar tareas represivas sin contar con la orden escrita. Es muy
comprensible, pues los altos jefes militares que ejecutaron órdenes en Octubre 2003
(la Guerra del Gas) están sentenciados y en prisión, pero los que dieron las órdenes
no. El otro bando, el de la rebelión, ni siquiera tuvo un proceso legal en el
que sean declarados inocentes, culpables o sobreseídos, simplemente fueron
amnistiados por Carlos Mesa, con argumentos tan inverosímiles como que “no
respondían al deseo de cometer un delito de orden penal”, tal como expresa
textualmente el Decreto Supremo 27234.
En
los primeros días del gobierno de la Sra. Añez, ese decreto si fue emitido.
Está aún fresco en la memoria el vehemente reclamo de los masistas y allegados,
que aseguraban que era un decreto que autorizaba a “matar”, y varias
argumentaciones que buscaban confundir a la opinión pública. Posteriormente fue
derogado, como era previsto, tras lograr la pacificación del país.
El
durísimo momento que vive el país, plantea una circunstancia extremadamente
complicada para el gobierno actual. El MAS protagoniza acciones de extrema
violencia, atentando contra la salud y la vida de los bolivianos, con el terrible
agravante de que los ciudadanos más dramáticamente afectados por las insensatas
medidas de presión son los enfermos, que necesitan la provisión de
medicamentos, insumos y oxígeno.
De
acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Constitucional, el
tratamiento de los recursos que interpuso el MAS ante la inminente cancelación
de su personería jurídica, la fecha del 6 de Septiembre para las elecciones
generales le resulta conveniente, pues no habrá tiempo suficiente para cumplir
los plazos procesales, y el Tribunal Supremo Electoral no podrá emitir
sentencia. Si la fecha es el 18 de Octubre, seis semanas más tarde, como está
establecido por la última determinación del TSE, si podría haber una Sentencia
Constitucional, y el TSE tendría que pronunciarse y cancelar la sigla del MAS.
Un
primera conclusión, especulativa de mi parte por supuesto, es que existe la
posibilidad real de que la personería jurídica del MAS sea cancelada. De otra
manera no se explica toda la movilización que hoy dirigen y financian.
La
segunda conclusión a la que llego, especulativa insisto, es que presionan a la Presidenta Jeanine Añez y a
sus Ministros para que firmen el Decreto y autoricen el uso de la fuerza. En
otras palabras, que se hagan legalmente responsables por cualquier exceso que
pudiera cometer un efectivo militar, al calor de las circunstancias, motivado
por ideología, estimulado económicamente, o por cualquier otra razón que el lector
pueda imaginar. Esta presunción cobra aún más fuerza si recordamos el conflicto
generado por los 2/3 masistas en la ALP por los ascensos en las Fuerzas Armadas.
Obviamente hay intereses mucho más que anecdóticos.
Una
tercera conclusión, a la que me doy la libertad de llegar por ser este el
espacio donde escribo lo que personalmente pienso, es que el Gobierno de la
Sra. Añez es el mayor impedimento que tiene el MAS para retornar al poder.
Estoy muy lejos de pensar en un supuesto cogobierno que muchos presumen, más
bien creo que el ejecutivo se encuentra atado de manos en muchos sentidos.
Debemos recordar que durante la transición se llevaron a cabo varias reuniones
entre los actores políticos del momento y algunas personalidades del MAS. He
revisado al menos siete hemerotecas, y la información sobre estas reuniones es
de verdad restringida o inexistente. Los actores principales guardan un
silencio muy sugestivo, y tengo la impresión de que hay acuerdos y concesiones
inconfesables para algunos de ellos.
La
situación actual es muy compleja y dolorosa para los bolivianos. Tengo la
seguridad de que así la entiende y siente el gobierno, particularmente la Sra.
Añez. Tengamos en cuenta que después de 14 años de régimen hegemónico,
encargamos a una buena señora del Beni que desmonte la dictadura y reconduzca a
la nación, pero sin considerar que la derrota del régimen requirió de la
cohesión de la mayoría de los bolivianos y el respaldo de las fuerzas
políticas. El país dejó solo a ese gobierno débil y precario, rodeado del
enorme resabio masista en el aparato del estado, todos volvimos a nuestras
actividades y los políticos a su trabajo electoral.
Hoy
el gobierno necesita tomar acciones, es su deber y la ciudadanía se lo demanda.
Muchos atribuyen la situación a la dualidad que presenta la candidatura de la
Presidenta, y consideran que debería renunciar para convocar a un diálogo nacional.
Yo me pregunto… quien tiene la situación semejante a la Sra. Añez, con el
propio pellejo en juego, para imponer condiciones para un diálogo nacional? Estoy
seguro que una eventual renuncia no moverá en un milímetro la posición del MAS,
pero sí la situación de los otros candidatos. Creo que esa es un tema a
considerar.
Este
es el gobierno que tenemos. No tenemos otro, y las condiciones no están dadas
para constituir uno nuevo inmediatamente. El proceso electoral tomará un tiempo,
aun incierto, reconfigurará los equilibrios y seguramente le dará certidumbre a
nuestro futuro. No hay duda. Pero la situación es dramáticamente urgente, las
necesidades de orden, atención de la salud, vigencia de nuestros derechos, paz
y tranquilidad, etc. son inmediatas. Está claro que el MAS no tiene ningún
límite en sus aspiraciones de retomar el poder, y creo que sería ingenuo pensar
que el proceso electoral será un escenario de juego limpio y democrático.
Es
momento de establecer prioridades y elegir nuestras batallas.
Hector
Castro G. * 08 Agosto 2020
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