De acuerdo a la información disponible,
hasta 2019, la administración central del Estado, departamental y regional,
municipal e indígena, las universidades, las instituciones descentralizadas,
las entidades de seguridad social, el personal del servicio público de salud,
de las financieras del Estado, de educación, de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Boliviana concentraron la mano de obra de 491.860 funcionarios.
Esta suma no contempla a los empleados de las empresas públicas, muchas
deficitarias.
Este número es superior en 70% al que se
tenía en 2006, con aproximadamente 280,000 funcionarios.
No es secreto para nadie que la situación
económica en el país y en el mundo atraviesa uno de los momentos más difíciles.
También es un hecho conocido que los últimos 5 o 6 años, después del boom de
los precios internacionales de las materias primas, el estado boliviano ha
cerrado cada gestión con déficit fiscal. Esto significa que el aparato estatal
gasta más dinero que el recibido por exportaciones, impuestos, etc.
Esta situación es completamente
indeseable, y debe ser corregida de manera inmediata y responsable. El gobierno
anterior acudió al endeudamiento interno (fondos de pensiones, venta de bonos
BCB, proveedores, etc.), al endeudamiento externo de varios miles de millones
de dólares, y rompió el chanchito de las reservas internacionales del país.
Actualmente que tenemos que afrontar una fuerte emergencia de salud, cuarentena
incluida, que demanda gastos extraordinarios de parte del Estado, ya no se
tiene ese colchón, pues fue dilapidado en sueldos supernumerarios, pasajes y
viáticos de los integrantes del MAS, operación excesiva de aviones y
helicópteros, etc.
El actual gobierno, así muchos políticos
y analistas insistan en limitar sus atribuciones por su carácter transitorio
(concepto inexistente en el ordenamiento jurídico), tiene la obligación y la
necesidad de recortar el gasto público.
Esta tarea es bastante complicada,
especialmente si no se tiene conocimiento previo del funcionamiento y las
actividades de cada repartición estatal. Por ello, se puso en marcha un plan de
diagnóstico y reingeniería organizacional con el fin de buscar eficiencia,
eficacia y transparencia.
Está claro que la emergencia de salud
complica la situación en todos los sectores y actividades, pero la tarea de
reducir hasta eliminar el déficit fiscal no puede esperar. El país necesita
apretarse los cinturones para seguir funcionando.
No tengo información específica, pero
puedo suponer que la reducción de tres ministerios responde a esta iniciativa,
y se rearma el órgano ejecutivo, pasando cultura y deportes al Ministerio de
Educación, y la cartera de comunicación pasa al Ministerio de la presidencia.
No hay razones para pensar que estos
sectores serán echados al olvido, y probablemente, al ser re estructurados,
encuentren eficacia y eficiencia en su gestión.
Es difícil pensar, por ejemplo, en un
Ministerio de cultura(s) que pueda ser menos efectivo que el anterior, que
básicamente dedicó sus esfuerzos a la organización del Dakar y a la fabricación
de bombas molotov.
Entiendo y hasta respaldo la preocupación
y el reclamo de la ciudadanía, especialmente los artistas, pero al mismo tiempo
me permito sugerir que utilicen su amplia y legítima presencia en las redes para plantear políticas
públicas y acciones concretas en favor de la cultura. Talvez esta sea una buena
oportunidad para posicionar la importancia y transversalidad de la cultura para
el desarrollo del país. Simplemente reclamar por el titular de prensa y
descalificar al gobierno no logrará ningún resultado que signifique algún beneficio.
De la misma manera, la re organización de
la cartera de comunicación podría, y ojalá así sea, apuntalar el pilar más débil
de la gestión de la Sra, Jeanine Añez.
Hector Castro G. * 05 Junio 2020
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