«LAS HONROSAS EXCEPCIONES»

 La ex presidente constitucional Jeanine Añez ha publicado una infografía en redes sociales con los nombres y las fotografías de jueces, vocales, fiscales y otros operadores de justicia, denunciando sus malas prácticas y anunciando su serio temor de que serán ellos los responsables de juzgarla sin observar verdades y a las órdenes de la élite masista.

La primera reacción ha sido de la ciudadanía, mostrando casi unánime, su repudio y protesta por las actuaciones de estos funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público y Procuraduría.

De inmediato y a la velocidad de funcionario público, es decir, al día siguiente, salieron en conferencia de prensa las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, a protestar vehementes por dicha publicación que repudian por estar en contra de «actos de linchamiento social y político, que se están perpetrando desde diferentes medios de comunicación y redes sociales contra jueces y juezas», y que «se están vulnerando derechos de los operadores de justicia y se está poniendo en riesgo la labor de los señores jueces».

El artículo 178° de la Constitución Política del estado dice:

«La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, PUBLICIDAD, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, armonía social y respeto a los derechos.»

Cuál es la razón por la que los operadores de justicia pretenden tener la potestad de usar una suerte de máscara medieval de verdugo y mantenerse en el anonimato? Si uno hace una simple búsqueda en Google podrá entender fácilmente lo que pretenden esconder estos «angelitos».

La justicia en Bolivia requiere reformas profundas. Necesita una verdadera restructuración y esto comienza por la reforma constitucional, pasa por una concepción distinta de las asignaciones presupuestarias y obviamente por un radical rediseño en los contenidos educativos, especialmente en el sistema de educación superior especializada. Un proceso que podría tomar 5 o 10 años si está bien hecho.

Pero el país no puede esperar tanto, pues la falta de justicia, y el mal uso político que se hace, deterioran el estado de derecho y priva a los bolivianos de las garantías que la Constitución y la democracia deberían otorgarnos en todo momento.

Sin duda, la famosa «reforma judicial» es un tema que ocupa a todos, desde las recomendaciones de organismos internacionales, los partidos políticos, el mundo litigante y la ciudadanía en general. Se llevan a cabo «cumbres», seminarios y otras iniciativas, más mediáticas que prácticas, pero debemos tener claro que un gobierno que depende de una justicia sumisa para consolidar sus objetivos de permanencia en el poder, nunca llevará adelante nada para conseguir una verdadera reforma. Es tan ingenuo como esperar autonomías de un régimen hegemonista. El resultado es por demás conocido.

Las iniciativas de juristas destacados como el grupo del Dr. Juan Del Granado, del Dr. José Antonio Rivera y varios otros, o del grupo del Dr. Carlos Börth, son valiosísimas y deberán ser la referencia para la reforma profunda.

En cualquier comentario o declaración es infaltable el «hay honrosas excepciones», cuando se define o se denuncia la corrupción o la improbidad de jueces y fiscales.

Deberían ser estas «honrosas excepciones» quienes tomen cartas en el asunto, denuncien y procesen por prevaricato o por cualquier figura legal pertinente y prevista en el ordenamiento jurídico. Hacerlo de inmediato, con valentía y con la investidura de integridad que ellos representan. Simultáneamente se debería investigar el patrimonio y el flujo de dineros de los funcionarios judiciales, hecho ya previsto por las leyes (UIF).  Estoy seguro que tras sentar algunos precedentes se manifestaría una inmediata reforma en la conducta del sistema judicial.

Esta sería solamente una medida de emergencia, una forma de sostener de alguna manera el estado de derecho y las garantías constitucionales, mientras se lleve a cabo la reforma profunda. Podría parecer un simple pataleo de ahogado, pero creo que es necesaria y urgente.

No será fácil, pero debe estar claro que la lucha contra la delincuencia, contra el totalitarismo y contra cualquier forma de dictadura requiere invariablemente de valentía, de integridad y de sacrificio.

Ninguna revolución fue hecha por cobardes.

 

Hector Castro G. * 19 Enero 2022